BUENOS AIRES, 27 DE AGOSTO 1974.

VISTO Y CONSIDERANDO:

    Que el inciso b) del capítulo "Energía" del Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional, afirma el control del Estado en las actividades inherentes a hidrocarburos;
    Que aun dentro de la legislación vigente, el Poder Ejecutivo tenía amplias atribuciones para fijar la política nacional respecto de las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, de suerte que tales lineamientos políticos concurren a integrar la normatividad jurídica en tanto derecho positivo (véase entre otros Art. 2 y 3 del Decreto Ley 17.319);
    Que no obstante ello, anteriores políticas, con contadas excepciones, han frustrado en los hechos la relación que dicha legislación imponía entre producción y comercialización, permitiendo a quienes menores esfuerzos extractivos realizaban, obtener una participación indebida en el mercado, en desmedro de la empresa YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, a cuyo cargo exclusivo estuvieron los mayores riesgos y de cuyos esfuerzos el país obtiene los más altos resultados que importan la casi totalidad del petróleo crudo que se extrae en el territorio nacional -en la actualidad el 99,03%- mientras que la referida participación de la empresa estatal en el mercado de expendio apenas excede del 50%.
    Que de todo lo expuesto resulta la necesidad imperiosa de regular la comercialización de los hidrocarburos en su etapa final, consecuente con los principios que inspiran al proyecto de ley de hidrocarburos expuestos concretamente en el Mensaje que lo ha acompañado.
    Que las autorizaciones acordadas que en la práctica desvirtuaban los principios enunciados no importan concesiones, sino meros permisos esencialmente precarios y revocables, conforme resulta de su propia naturaleza jurídica;
    Por ello,

LA PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

ARTICULO 1°. - La Secretaría de Estado de Energía procederá de inmediato a adoptar las medidas necesarias para disponer el otorgamiento de todas las autorizaciones de estaciones de servicio y bocas de expendio de combustibles y lubricantes a favor de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES a fin de que quede centralizada en esta Empresa la total comercialización de los derivados del petróleo. Su funcionamiento proseguirá  a cargo de los actuales expendedores, siempre que se ajusten a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación.
ARTICULO 2°. - Deróganse todas las disposiciones y actos que se opongan al presente decreto.
ARTICULO 3°. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

TEXTOS DE LAS
RESOLUCIONES DE LA
SECRETARIA DE
ENERGIA SOBRE EL
TRASPASO A Y.P.F.
DE LAS BOCAS
DE EXPENDIO

    La Secretaría de Energía dispuso, a través de la Resolución N° 320, el otorgamiento a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de todas las autorizaciones de bocas de expendio y estaciones de servicio, y la centralización en la entidad oficial de la total comercialización de los derivados del petróleo. Por la misma disposición, se derogan las autorizaciones otorgadas a otras empresas. Por medio de la Resolución 319 del mismo organismo, se dispone la creación de una Comisión Asesora ad hoc para coordinar y compatibilizar los aspectos resultantes de la aplicación de la disposición en relación con las bocas de expendio. El artículo de las mencionadas resoluciones es el que se detalla a continuación.

    Artículo 1°.- A partir de las cero (0) horas del dos (2) de septiembre de 1974, la totalidad de los derivados del petróleo crudos o especiales, ya sea nacional o importado, elaborados por las empresas refinadoras privadas, serán comercializados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
    Artículo 2°.- Dispónese por este acto el cese de las autorizaciones de estaciones de servicios y bocas de expendio de derivados del petróleo, cualesquiera sean su modalidad y forma existentes en el país, otorgadas a otras empresas diversas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2° del Decreto 632/74.
    Artículo 3°.- Se tengan como transferidas por este mismo acto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales la totalidad de las autorizaciones cuyo cese se dispone en virtud del artículo anterior.
    Artículo 4°.- El funcionamiento de las estaciones de servicio y bocas de expendio de subproductos derivados del petróleo cuyo cese se ha dispuesto en el Artículo 2° de la presente resolución, proseguirá a cargo de los actuales expendedores siempre que se ajusten a las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación, y éstos estarán obligados a suprimir de inmediato al logotipo y emblema de las compañías privadas, repintando las características, colores y emblemas utilizados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
    Artículo 5°.- Los expendedores a los cuales se alude en el artículo precedente deberán sujetarse en un todo a las disposiciones que Yacimientos Petrolíferos Fiscales tiene establecidas en la materia, adecuación ésta que no podrá exceder el término de treinta (30) días, bajo apercibimiento de cancelación de la autorización para continuar funcionando.
    Artículo 6°.- A los fines de asegurar la continuidad, regularidad, y eficiencia del suministro de derivados del petróleo, adóptanse las siguientes disposiciones transitorias.
    a) El uso, transferencia o retiro de los bienes de propiedad de las ex empresas autorizadas existentes en sus plantas de almacenamiento, estaciones de servicio y demás bocas de expendio, cuyan autorizaciones cesaron en virtud de lo dispuesto precedentemente, deberá ser convenido entre éstas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con intervención de la Comisión Asesora "ad hoc" y "ad referendum" del Poder Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de Y.P.F., sin poderse alterar su actual afectación al suministro hasta tanto recaiga acuerdo o decisión final respecto a las mencionadas transferencias o retiro.
    b) Yacimientos Petrolíferos Fiscales continuará utilizando los servicios de las empresas de transportes de combustibles, que hasta este momento venían desempeñándose por cuenta y orden de las ex empresas autorizadas, admitiendo los precios y demás condiciones contractuales a la que aquéllos estaban sujetos en sus convenios con las ex empresas autorizadas, con la sola limitación de que tales precios y condiciones no excedan aquellos que Y.P.F. acepta en situaciones similares. A partir de este momento, los medios utilizados para dicho transporte deberán tener insertos en sus lugares más destacados y visibles la leyenda indicativa de que los productos transportados son para suministro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con supresión de cualesquiera otras que hasta ese momento pudieron haber ostentado.
    c) De conformidad con las facultades conferidas en el Artículo 4° de la Ley 16.657 y Artículo 1° del Decreto 632/74, las empresas refinadoras privadas deberán proceder a entregar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a partir de las cero (0) hora casi del dos (2) de setiembre de 1974, sus existencias de derivados del petróleo, ya elaborados antes de ahora, a medida que lo requieran las necesidades del mercado, a los precios que entre ambas se establezcan y "ad referendum" del Poder Ejecutivo, y los que se elaboren en el futuro, en las condiciones que Yacimientos Petrolíferos Fiscales establezca al efecto, que deberá ajustarse al régimen de locación de obras y/o servicios, pero siempre por cuenta y orden de Y.P.F.
    Artículo 7°.- Sin perjuicio del ejercicio de las facultades que le otorga a la Secretaría de Estado de Energía el Artículo 4° de la Ley 16.657 y los Artículos 75 y 78 del Decreto Ley 17.319/67, toda tarea que desarrollen las empresas petroleras privadas, en tanto inciden en el suministro de derivados del petróleo, deberán continuar en su actividad normal, dando pleno cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia.
    Artículo 8°.- Dentro de los ciento ochenta (180) días se establecerá el régimen definitivo y los convenios de precios sobre los derivados del petróleo y las instalaciones involucradas en estas medidas, con intervención de la Comisión Asesora "ad hoc" y "ad referendum" del Poder Ejecutivo.
  Artículo 9.- A partir del dos (2) de setiembre de 1974, trabajadores dependientes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales fiscalizarán  e implementarán todo lo concerniente a las cargas y descargar de la totalidad de subproductos por cualquier medio de transporte que sea, en las plantas de almacenaje privadas facturando las mismas en las condiciones que se fijen de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6° inciso c), únicamente por cuenta y orden de Y.P.F. El personal estable de las plantas de almacenaje privadas continuará desarrollando normalmente sus tareas.
    Artículo 10.- Con respecto a los trabajadores dependientes de las ex empresas autorizadas que puedan verse afectados por esta resolución, Yacimientos Petrolíferos Fiscales deberá arbitrar las medidas tendientes a su absorción, asegurándoles en todos los casos la categoría laboral, retribución y antigüedad en el empleo.
    Artículo 11.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales procederá a adoptar en el orden interno, a la mayor brevedad, todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a las facultades que se le confieren de conformidad a las normas que anteceden.
    Artículo 12.- De forma.

RESOLUCIÓN 319 - COMISIÓN ASESORA AD HOC

    Artículo 1°.- Créase en el ámbito de esta Secretaría de Estado una Comisión Asesora ad hoc, con la finalidad de coordinar y compatibilizar la totalidad de los aspectos resultantes de la aplicación del Decreto N° 632/74 y sus reglamentaciones y de las situaciones de orden administrativo, legal y empresaria, conforme a la incidencia de esas medidas sobre los mismos.
    Artículo 2°.- Dicha Comisión estará presidida por quien suscribe o el subsecretario de Combustibles y tres representantes designados por esta Secretaría de Estado y los que se asignen en igual número por el Congreso Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado y la Corporación de Empresas del Estado, conforme a las invitaciones que el día de la fecha se cursan a esos efectos. Ello sin perjuicio de comenzar a funcionar a partir de los tres días corridos de la fecha, con los miembros integrados.

LA VERDAD SOBRE
LA NACIONALIZACION
DE LAS BOCAS DE
COMBUSTIBLES

    La medida presidencial por la cual se nacionaliza la comercialización del petróleo y sus derivados primarios ha sido recibida con general aplauso y unánime apoyo de todos los sectores políticos, gremiales y profesionales. Evidentemente, ella satisface un viejo anhelo nacional que tiende a la preservación de los recursos y las riquezas genuinamente argentinos para uso y beneficio pleno del país.
    Hay aspectos, empero, cuya significación escapa en cierto modo al conocimiento masivo. No se trata solamente de que YPF extrae casi el 100% del petróleo argentino para comercializar apenas la mitad sirviendo el cupo restante para beneficiar a empresas privadas cuyas ganancias no se invierten en el país.
    Debe aclararse que dichas empresas privadas, que actúan como agentes retentores del impuesto a la transferencia de combustibles, se benefician además adicionalmente con los intereses que las sumas correspondientes a ese impuesto devengan entre el momento en que las empresas lo hacen efectivo y el momento en que las depositan en el Banco de la Nación a la orden de la Dirección General Impositiva. Ese plazo, de acuerdo a las normas establecidas, es de un promedio de 52 días, es decir, un poco menor de dos meses: lapso durante el cual ese dinero, lejos de estar ocioso, es colocado a interés y produce una renta nada despreciable.
    En efecto, se calcula que lo que en lenguaje técnico-económico se denomina flotante financiero alcanza, para el conjunto del sector privado que hasta ahora comercializaba el combustible, en cifra promedio, a los 2.000 millones de pesos nuevos: puesta a producir interés, esa suma puede rendir a sus transitorios usufructuarios -los agentes retentores de impuestos, o sea las compañías petroleras privadas- de 300 a 500 millones de pesos ley anuales. Toda esa masa de dinero, que normalmente debía ingresar al patrimonio nacional, se perdía en favor de las compañías privadas que, además de comercializar con las debidas ganancias más del 50% del petróleo argentino que no extraían, se beneficiaban con ella.

    El mecanismo es simple y al alcance de cualquier comprensión: las empresas privadas venden la nafta a las estaciones de servicio al contado, reteniendo de la suma percibida casi un 50% en concepto de impuesto que debe ser girado al fisco en un lapso-promedio de 52 días. Durante ese lapso, dicho dinero -que en sustancia pertenece al Estado- produce apreciables ganancias en concepto de interés a las compañías privadas. La nacionalización del proceso de comercialización del petróleo viene, en consecuencia, a concluir con una situación de notorio perjuicio para el país y de indebido lucro para las empresas intermediarias.

HABLAN LAS CIFRAS

PARTICIPACION DE CADA EMPRESA EN LA
REFINACION DEL PETROLEO Y EN SU VENTA

    (1) La Isaura, Astrasur, DAPSA (Cóndor), Ragor, Sol Petróleo.