Como si los problemas cotidianos que agobian a la población fueran pocos, como si no fuera suficiente con la galopante inseguridad ante el delito masivo y las crecientes señales de desobediencia civil, con los peligros ciertos de explosión social de alcances impredecibles, a una Cámara de Justicia Federal no se le ocurre nada mejor que anular las leyes de pacificación nacional en vigencia desde aquel ya lejano 1987, abriendo así una absurda revisión, ideológicamente unilateral y por ello más injusta, sobre la aun más pretérita guerra civil de los 70’.

Para peor su blanco no son los entonces terroristas sino los militares y policías que, con sus errores incluso, combatieron arriesgando su vida en defensa de la sociedad agredida por las guerrillas iluminadas y totalitarias. Casi una burla a esa sociedad, el reino del revés.

Se suele decir que la primera condición de un juez es poseer un elemental sentido común. Pues bien, estos jueces, elegidos por nuestros representantes, jueces de quienes por lo tanto también somos nosotros los ciudadanos los originales mandantes, han demostrado una absoluta insensatez en su politizada decisión. Dos de ellos, Irurzun y Cattani son de reconocida posición de centro izquierda, el tercero Luraschi ha sido incapaz de sostener sus ideas y prefirió sumarse al voto mayoritario; que otros paguen los platos rotos, casi un emblema en nuestras decadentes dirigencias. Así nos va.

Declararon una presunta invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Tienen muy claro que la primera de ellas también beneficia a los ex terroristas - cosa que casi siempre omiten los periodistas, adrede o por simple desconocimiento - , pero salvan el problema con otro artilugio nacido de los leguleyos ideólogos de los grupos izquierdistas revolucionarios hoy disfrazados con ropajes de DDHH: los crímenes de los terroristas no son de lesa humanidad y están prescriptos, los agentes estatales que los combatan sí estarían penados en tan absurda categoría, y a otra cosa. Pícaro recurso sin duda.

Aparte de la irresponsabilidad mencionada, el beneficio que piensan aportar a la sufrida sociedad argentina con este dislate es casi un misterio, algo así como agregar combustible a los incendios sin saber para que, porque casi nadie en la gran mayoría silenciosa del país comparte las preocupaciones declamadas sobre presuntas impunidades pendientes; son otros sus desvelos de hoy. Eso solo pertenece a los minoritarios cenáculos de la izquierda contestataria eternamente encerrada en sus abstracciones ideológicas, así les va cada vez que la ciudadanía vota.

Dos veces al menos la Suprema Corte de Justicia convalidó las leyes de pacificación y ello no puede ser periódicamente cuestionado en eterna repetición, las leyes no pueden ser maleables en el tiempo en forma retroactiva.

Pero los jueces prefieren omitir estos antecedentes determinantes, mirar con un solo ojo a conveniencia pura y dicen basarse en el fallo del caso Priebke, olvidando mencionar que ese caso pertenece al muestrario de nuestras vergüenzas, respondiendo a una mera conveniencia política del entonces gobierno menemista. Porque así como repudiamos enérgicamente al totalitarismo nazi, no podía ser condenado el anciano Priebke de 82 años por tres ejecuciones que cometió en una guerra a los 23 años como imberbe teniente, máxime cuando su ex jefe el Coronel Keppler - responsable del total de las 333 muertes ordenadas desde Berlín en 1943 - fue condenado por los aliados en Nuremberg en 1947 a solo siete años de cárcel. ¿O es que entonces se juzgó a los rusos que asesinaron, en esa guerra, en los bosques de Katin, a 15.000 oficiales polacos como expeditiva medida para imponer allí el comunismo al fin de la guerra?

En acto de casi soberbia y como intolerable presión manipulativa hacia sus superiores en el Poder Judicial - los Tribunales de Casación y la Corte Suprema de Justicia - los camaristas Irurzun, Cattani y Luraschi llegaron a señalar en su fallo que: "En el contexto actual de nuestro derecho interno la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes [de punto final] 23.492 y [de obediencia debida] 23.521 no constituye una alternativa. Es una obligación".

El fallo se llena la boca con los habituales lugares comunes de los leguleyos globalistas, mencionando varias leyes y tratados muy posteriores a los hechos de los años 70´, pero olvidando deliberadamente que los mismos Law Lords británicos que confirmaron la extradición de Augusto Pinochet a España, en su fallo establecieron expresamente la no retroactividad de ninguna ley o tratado, por lo cual solo juzgaron a Pinochet por unos pocos casos posteriores al año 1987 de vigencia de tales leyes.

Como así omiten que los mismos lords rechazaron la absurda neo-definición española del delito de genocidio, no reconocida en los tratados en vigor; como también parecen desconocer el artículo 10 del futuro Tribunal Penal Internacional, que expresa taxativamente el principio de no retroactividad.

Cuan émulos del famoso senador Macarthy, los magistrados no se privan tampoco de cuestionar el decreto 158/83 que el ex presidente Raúl Alfonsín dictó al asumir el gobierno y que incluía el concepto de la obediencia debida, al Parlamento de 1987 que votó las leyes cuestionadas, a los indultos del Dr. Menem y a los carapintadas de la Operación Dignidad, no dejando casi títere con cabeza.

No olvidan mencionar que ellos mismos fueron los disparadores de la discutida ´operación jurídica´ que desarrolló el juez Bonadío contra la Armada con la causa de las Finanzas de Montoneros, donde los terroristas financieros del dinero de los secuestros Montoneros como por arte de magia se transmutan en ¨pobres comerciantes inocentes¨ y donde curiosamente tal juez decretó misma inconstitucionalidad, en un expediente que además atenta contra principios básicos del derecho. No hacía falta, todos se habían ya percatado de ello.

La sociedad argentina y en particular sus sufridas FFAA y de Seguridad - los que mueren cotidianamente en defensa de la sociedad - , con sus bajísimos salarios, operando al limite y casi sin presupuestos, luego de 18 años de callar ante las afrentas y cumplir su deber esforzadamente, no merecen esta nueva alevosía promovida desde los más que amigos del terrorismo derrotado y acompañada por jueces y políticos alejados de sus responsabilidades.

Estás acciones de ser convalidadas suponen la reapertura de miles de juicios contra los que combatieron a nuestro terrorismo hace un cuarto de siglo, justo hoy en que el mundo civilizado está en guerra contra otros terroristas. Sepan los sectores dirigentes responsables que aun existan reaccionar a tiempo, de lo contrario se avecinan horas negras para lo que queda de nuestra golpeada Nación.